Carta abierta a Primicias En respuesta al artículo “Ley de Inteligencia para dummies” de Felipe Rodríguez Moreno
Quito, 17 de junio de 2025
Señores de Primicias,
Presente.
He leído con una mezcla de asombro, ironía y preocupación el artículo del abogado Felipe Rodríguez titulado “Ley de Inteligencia para dummies”, publicado el 13 de junio. Su lectura me dejó la sensación de haber asistido a una clase de derecho penal impartida por un entusiasta del poder sin controles, de esos que confunden vigilancia con seguridad y creen que los derechos fundamentales son un lujo escandinavo que Ecuador no se puede permitir.
Rodríguez defiende la recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Inteligencia con un entusiasmo que raya en lo temerario. Celebra que ahora el Estado pueda interceptar comunicaciones sin orden judicial, obtener datos personales de ciudadanos sin autorización previa y ejecutar operaciones bajo un manto de fondos reservados, sin fiscalización previa de la Contraloría. Todo esto, claro está, en nombre de la seguridad nacional.
Nos quiere convencer de que si uno no es narco, corrupto o mafioso, no tiene nada que temer. Una vieja trampa argumentativa de los regímenes autoritarios: hacer del miedo una virtud y del espionaje, una herramienta de higiene ciudadana. Bajo esa lógica, ¿para qué jueces?, ¿para qué contrapesos?, ¿para qué libertades si el Estado, puro y bondadoso, sabrá siempre lo que es mejor para nosotros?
Desde Fundamedios —y desde la experiencia concreta de quienes defendemos la libertad de prensa en un país que ha vivido persecuciones, espionaje y criminalización del periodismo— sabemos que estas leyes no se usan para atrapar capos, sino para silenciar disidentes. No son leyes contra el crimen, son leyes para administrar el miedo y concentrar el poder.
Felipe Rodríguez omite, deliberadamente o no, que la ley permite el uso político del sistema de inteligencia: el nombramiento del director del SNI por parte del Presidente, con rango de ministro, sin veeduría ni control independiente; el acceso discrecional a información de ciudadanos sin mediar orden judicial; la ausencia total de garantías para el respeto a datos personales. Omite también que, en los países donde la vigilancia sin control se legaliza, el paso siguiente suele ser la represión legalizada.
Por eso no podemos permitir que una “explicación para dummies” simplifique un debate tan serio. No estamos ante un tecnicismo jurídico. Estamos ante un proyecto de país. Uno donde el espionaje sustituya al gobierno, y el control se imponga sobre el diálogo democrático. Y donde ser periodista, defensor de derechos humanos o ciudadano incómodo pueda bastar para ser observado, interceptado y perseguido. Legalmente.
No, doctor Rodríguez. No necesitamos leyes que nos vigilen. Necesitamos instituciones que nos protejan. No necesitamos más poder opaco. Necesitamos más democracia.
Atentamente,
César Ricaurte
Director ejecutivo de Fundamedios
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