El atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe no solo conmociona: confirma. Confirma que en América Latina, el crimen político no es un exabrupto del pasado, sino un método vigente, un recurso táctico en una guerra que no cesa. Porque en esta región —tan dada al eufemismo como a la sangre— matar a un candidato sigue siendo una forma de disputar poder. Uribe fue baleado en Bogotá por un menor de edad que, según las primeras versiones, podría estar vinculado a estructuras criminales con más conexiones que un político en campaña. ¿La cereza del pastel? La Fiscalía no descarta la participación —activa, pasiva o complaciente— de miembros de la propia fuerza pública. Todo muy latinoamericano: aquí los chalecos antibalas te los vende el mismo que entrega tu ubicación. El episodio, por supuesto, nos remite —con escalofrante familiaridad— al asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, a plena luz del día, en un mitin electoral y frente a cámaras. También...

En un país donde la política parece girar en torno a un solo apellido, el anticorreísmo sigue siendo el pegamento improbable de una mayoría sin forma pero con fondo. ¿Hasta cuándo se puede vivir votando en contra de algo —o de alguien— sin saber realmente a favor de qué estamos? La respuesta evidente: Hasta que Correa deje de merodear la política ecuatoriana como un acosador nocturno. El pasado 13 de abril, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, ocurrió otra vez: el correísmo perdió. Lo que parecía casi imposible en el tablero político —una candidatura con estructura, base militante, maquinaria electoral y una líder sin pasivos judiciales como Luisa González— fue barrido por un presidente en funciones, con un partido armado desde el poder, sin ideología, con pasivos críticos, pero con una habilidad notable para no ser Correa. Y no lo digo yo. Lo dijo el propio Daniel Noboa al declarar que “el anticorreísmo no representa la mayoría de mi votación”. Qué curioso...