Entre la intemperie y la captura: periodismo, violencia y cerco al ecosistema mediático en Ecuador
El nuevo informe de Fundamedios pone nombre a una crisis que ya no es solo tecnológica ni empresarial: la del periodismo ecuatoriano sitiado por la precariedad, la violencia, la captura y la intoxicación informativa.
La diferencia no es menor. Una transición tecnológica puede producir nostalgia, reajustes, despidos, nuevas destrezas y algunas conferencias con PowerPoint sobre innovación. Un deterioro del ecosistema informativo produce otra cosa: redacciones exhaustas, periodistas precarios, medios vulnerables a la captura, provincias cada vez más desabastecidas de información independiente, y una conversación pública progresivamente ocupada por propaganda, operaciones y basura con pretensiones de noticia.
Esa es la fotografía real.
En Ecuador, el periodismo viene perdiendo suelo por varios frentes al mismo tiempo. El primero es el más visible y, quizá por eso, el más subestimado: la precariedad laboral. Menos contratos, más pago por pieza, más pluriempleo, menos corresponsalías, menos tiempo para verificar, más ansiedad para publicar. Un periodista que trabaja así no es solamente un trabajador explotado. Es también un profesional con menos margen para contrastar, investigar, resistir presiones y sostener una línea incómoda. La precariedad no daña solo la vida del periodista. Daña la calidad del periodismo y, con ella, el derecho de la sociedad a informarse con algo más que ruido.
El segundo frente es la violencia. Y aquí ya no estamos ante una metáfora, sino ante nombres propios. Patricio Aguilar, director del medio comunitario El Libertador de Quinindé, fue asesinado el 4 de marzo de 2025 mientras acudía a cubrir un supuesto secuestro en Quinindé, Esmeraldas. La UNESCO, la Oficina de ONU Derechos Humanos y la MAPP condenaron el crimen y exigieron una investigación seria.
A esa lista se suma Robinson del Pezo, periodista de Santa Elena y propietario del medio digital La Voz del Pueblo, asesinado el 20 de noviembre de 2025 en La Libertad, después de haber denunciado asuntos de interés público y de haber sufrido un atentado previo contra su domicilio. Su nombre aparece ya no como anécdota policial, sino como una prueba del costo que puede tener informar en determinadas zonas del país.
No son hechos aislados. Son síntomas de un ecosistema donde el periodismo se volvió más frágil y más expuesto.
El tercer frente, quizá el más perverso, es la presión del poder con modales administrativos. Aquí el problema ya no es solo que un periodista sea amenazado o que una redacción reciba hostigamiento abierto. El problema es que el poder, cuando se siente incómodo ante una voz crítica, intenta trasladar la disputa del terreno político al terreno societario, administrativo o regulatorio. Es decir: deja de responder al medio y empieza a buscar la manera de entrar en él, tocar su estructura, revisar su gobierno interno, alterar sus condiciones de control o volverlo dócil mediante herramientas que aparentan neutralidad técnica.
Ese es el trasfondo del caso GRANASA, la editora de Expreso y Extra. La intervención de la compañía el 18 de febrero de 2026, a pedido de Inmobiliar, abrió una señal de alarma que va mucho más allá del expediente societario. Según la propia cobertura de Expreso, la intervención se originó en un reclamo estatal por el 2,56 % de las acciones. Pero el problema de fondo no es el porcentaje. El problema es el precedente: usar resortes administrativos y societarios para avanzar sobre un medio especialmente crítico. Lo que se juega ahí no es una formalidad mercantil. Lo que se juega es la autonomía editorial y el mensaje disciplinador que se envía a todo el resto del ecosistema.
Y por si la escena no fuera suficientemente elocuente, el país asiste también a cambios de propiedad en medios relevantes bajo condiciones de opacidad que merecen escrutinio reforzado. La venta de El Universo y la salida de Bonil tras denunciar la no publicación de varias caricaturas no prueban, por sí solas, una captura consumada. Pero sí instalan una pregunta que no puede ser barrida debajo de la alfombra: cuando cambia la propiedad de un medio de alta incidencia pública, ¿quién garantiza que no se estrechen los márgenes de la crítica, de la sátira y de la incomodidad editorial? Esa pregunta, en un país sano, sería incómoda. En el Ecuador actual, es obligatoria.
A este cuadro ya bastante sombrío hay que añadir otra capa, menos solemne pero igual de destructiva: la proliferación de páginas, marcas digitales y dispositivos de propaganda que usan la estética del periodismo sin aceptar sus obligaciones. El informe lo dice con suficiente claridad: en un ecosistema debilitado, estos artefactos capturan atención, intoxican el debate, hostigan a la prensa independiente y erosionan todavía más la frontera entre información, propaganda, operación política y agitación digital. No reemplazan al periodismo. Ocupan el vacío que deja su debilitamiento y lo vuelven más tóxico.
Ese fenómeno es especialmente grave porque le ofrece al poder una coartada perfecta. Cuando la conversación pública se llena de propaganda envuelta en estética noticiosa, de pseudo-medios, de filtraciones interesadas y de escándalo automatizado, la vieja frase “todos son iguales” empieza a circular con la eficacia de un detergente moral. Entonces se vuelve más fácil golpear a la prensa de verdad, porque ya existe un lodazal donde mezclarla con la farsa.
Y allí aparece el daño más profundo. No solamente se ensucia el debate. También se debilita la capacidad de la sociedad para distinguir entre quien informa y quien opera; entre quien verifica y quien intoxica; entre una redacción con reglas y una maquinaria de propaganda con logo.
Eso explica por qué el informe de Fundamedios importa más allá del circuito habitual de periodistas, activistas y organismos internacionales. No estamos frente a una discusión corporativa sobre el futuro de una industria malherida. Estamos frente a una discusión sobre democracia material. Sobre si en Ecuador seguirá siendo posible investigar al poder sin ser castigado, sostener una línea crítica sin que te busquen la vuelta societaria, trabajar en provincias sin quedar expuesto a la intemperie total, y ofrecer a la ciudadanía algo mejor que una mezcla de miedo, propaganda y precariedad.
En el fondo, la tesis del informe podría formularse así: el periodismo ecuatoriano ya no enfrenta una sola crisis, sino varias que se alimentan entre sí. La precariedad laboral lo vuelve más débil. La violencia lo vuelve más vulnerable. La opacidad estatal lo vuelve más ciego. La presión administrativa lo vuelve más capturable. Y la intoxicación digital vuelve más difícil que la sociedad advierta, a tiempo, lo que está perdiendo.
Lo que está perdiendo no es poco.
Cuando un periodista como Patricio Aguilar es asesinado en plena cobertura; cuando Robinson del Pezo termina muerto después de haber denunciado irregularidades; cuando un grupo editorial como GRANASA puede ser rodeado mediante resortes administrativos; cuando las provincias pierden medios, respaldo y protección; cuando la propaganda se disfraza de información; cuando la crítica empieza a ser tratada como un problema de control societario, no estamos frente a episodios dispersos. Estamos frente a una secuencia. Y esa secuencia dibuja un país donde el poder ya no solo quiere ser obedecido. Quiere ser menos observado.
Por eso este informe no debería leerse como un documento sectorial, sino como una advertencia política.
Porque cuando el periodismo pierde autonomía, tiempo, seguridad y suelo material, no cae solo una profesión.
Lo que empieza a fallar es la posibilidad misma de que una sociedad se mire sin permiso del poder.
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