Solo sospechas, nada de datos: apuntes urgentes para una ley urgente

Si algún día se escribiera un manual ecuatoriano para combatir el crimen organizado, empezaría así: sospeche primero, legisle después, y si alguien pide cifras… acúselo también.

Eso parece decirnos la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, que ha llegado con bombos, platillos y un membrete de “urgencia económica”. ¿El fundamento técnico? Unos cuantos adjetivos, referencias genéricas a la criminalidad, y un profundo, casi místico, desprecio por los datos. 

Ahí entra en escena la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, con declaraciones que mezclan dos cifras desconectadas para construir una narrativa de amenaza:

• Primero afirma que algunas fundaciones reciben entre 10 y 15 millones de dólares, y que en total “superan los 300 millones de dólares”. Esa cifra equivale a aproximadamente 0,2 % del PIB ecuatoriano, un número minúsculo frente a la capacidad fiscal del país. Con ello sugiere que las ONGs ya representan un riesgo económico relevante.

• Luego agrega que se “han reportado 600 millones de dólares en operaciones inusuales solo en 2025”. Ese monto corresponde a reportes preliminares de transacciones sospechosas, reportadas por la UAFE a entidades judiciales, no a fondos que han sido lavados ni a operaciones concretas de ONGs.

La combinación de esos montos —300 y 600 millones— crea una ilusión: parece indicar que gran parte del movimiento sospechoso podría vincularse a las organizaciones. En realidad, no hay evidencia pública que vincule los $600 millones reportados con las ONGs mencionadas. Lo único claro es la intención discursiva: sembrar la sospecha como si fuese certeza.

No hay cifras sobre cuántas organizaciones estarían realmente implicadas en lavado de dinero. No hay casos emblemáticos. No hay auditorías. No hay informes de la UAFE. No hay estudios del SRI. No hay nada. Pero hay ley. Y es urgente.

Tampoco hay información pública sólida sobre la magnitud real del lavado de activos en el país. Ecuador no publica estimaciones anuales. La UAFE no ha transparentado modelos de riesgo o análisis sectoriales. El último informe del GAFI advierte sobre debilidades estructurales en la supervisión. Pero eso tampoco parece importar.

Lo que sí hay es una narrativa conveniente: las fundaciones como amenaza, las ONGs como fachada, la sociedad civil como actor sospechoso. Una historia perfecta si uno quiere aprobar una norma sin que nadie haga demasiadas preguntas.

¿Y si las hacemos?

¿Qué porcentaje del PIB representa el lavado de activos en Ecuador? Nadie lo sabe. ¿Qué parte del tercer sector está vinculado al delito? Tampoco. Pero en países similares —como Colombia o Perú— el lavado de dinero se estima entre el 2 % y el 5 % del PIB. Y en Ecuador, el propio Estado reconoce que no tiene la capacidad técnica para medirlo con precisión. La urgencia, entonces, ¿es real o es un recurso narrativo?

Porque si de urgencias económicas se trata, ¿no sería más lógico fortalecer al sector solidario y comunitario que aporta al empleo, al bienestar y al desarrollo local, en lugar de colocarlo bajo sospecha sin evidencia?

El proyecto de ley ignora por completo ese otro dato incómodo: que la economía social y solidaria —fundaciones, cooperativas, ONGs— sostiene servicios que el Estado abandonó hace años. Educación, salud, atención a víctimas, derechos humanos. Esa sociedad civil no aparece en los cuadros de Excel, pero está en cada rincón donde el Estado no llega.

Y mientras tanto, seguimos sin saber cuántos millones se lavan, por qué canales, con qué actores, desde cuándo. Seguimos a ciegas. Pero apurando leyes. Ojalá en su comparecencia ante la Asamblea Nacional, los altos funcionarios aporten datos reales, no solo sospechas. 

Legislar sin datos es como diagnosticar con memes: se ve convincente hasta que se vuelve peligroso.

Si creemos en una democracia vibrante, defendamos también su tejido invisible: la sociedad civil. Comparte este artículo, únete al debate y exige que las leyes se hagan con datos, no con prejuicios.