Ecuador 2025: Noboa, las bandas y el espejismo del ‘Bukelismo andino’

Cuando camino por la avenida Colón, donde Quito todavía huele a pan y neblina, el eco de los disparos en Guayaquil parece un sonido llegado de otro planeta. Pero las cifras se encargan de recordarnos que ese planeta se ha mudado al vecindario: 44,5 homicidios por cada 100 000 habitantes convirtieron a Ecuador en líder regional del horror en 2023 y 2024, superando con holgura a México y Honduras. Esa estadística no es solo un telón de fondo: es la banda sonora desafinada de la reciente investidura de Daniel Noboa, un presidente que ha jurado dos veces en 18 meses y que ahora, con un mandato completo, tiene la oportunidad (y el deber) de demostrar que su proclamado “conflicto armado interno” es algo más que un eslogan pintado con brocha militar.

De la paz narca de Correa al polvorín de hoy

Para entender el presente convulso, hay que retroceder a 2006, cuando Rafael Correa optó por una negociación pragmática con los Latin Kings y los Ñetas. Durante un tiempo, funcionó: en 2017, la tasa de homicidios tocó fondo con apenas seis por cada 100 000 habitantes. Pero el desmantelamiento progresivo del Estado —la clausura de la base antidroga de Manta, el recorte del 30 % al presupuesto penitenciario bajo Lenín Moreno y la austeridad militante de Guillermo Lasso— fue cavando grietas que hoy se han vuelto cráteres. Entre 2019 y 2023, los homicidios se dispararon un 574 %.

Ese vacío institucional fue ocupado por una fauna criminal que floreció en las cárceles y luego saltó a los puertos. Los Choneros, Lobos, Tiguerones, Chone Killers… un zoológico sin jaulas que extendió sus tentáculos hacia la minería ilegal en Zamora, los bananeros en El Oro y los camaroneros en Guayas. El informe de ACLED contabiliza al menos 37 bandas activas en 2024, un 54 % más que el año anterior.

El giro militar de Noboa

Cuando un grupo armado tomó TC Televisión en enero de 2024 —con pasamontañas, rifles y proclamas en vivo— Noboa respondió con un combo de manual: estado de excepción, toque de queda y declaración de “conflicto armado interno” contra 22 organizaciones terroristas. En febrero los incidentes bajaron 34 %, y más de uno pensó que el remedio salvadoreño de Nayib Bukele también funcionaba en los Andes. Pero pronto llegaron los efectos secundarios: la presión militar desorganizó jerarquías, rompió alianzas y generó una explosión de micro-pandillas disputándose cada esquina. ACLED registró más de 1 300 eventos violentos entre enero y mayo de 2025, un 60 % más que en el mismo periodo del año anterior.

La respuesta oficial se vanagloria de 73 000 detenciones durante 2024. La mayoría, sin embargo, terminó en libertad por falta de pruebas. Mientras tanto, la Comisión Permanente de Derechos Humanos documentó 33 desapariciones forzadas atribuidas a militares y policías. Human Rights Watch fue más allá: habló de un “cheque en blanco” para el abuso institucional.

Violencia con aroma político

El asesinato de Fernando Villavicencio en 2023 marcó un antes y un después: la violencia política dejó de ser estacional para convertirse en ruido de fondo. ACLED identifica más de 140 ataques contra candidatos y funcionarios durante el ciclo electoral de 2025, con especial ensañamiento contra alcaldes y directores carcelarios. La paradoja es cruel: los votantes pedían más seguridad y reeligieron a Noboa, incluso cuando los muertos seguían contándose por decenas.

Economía, coca y oro: los tres fantasmas

La economía crece al ritmo anémico del 2,8 %, según el Banco Central, mientras la deuda pública bordea el 52 % del PIB. Con unas arcas famélicas, ¿cómo financiar programas sociales que ofrezcan a los jóvenes algo más que el menú narco? Para colmo, la producción de cocaína en Colombia alcanzó máximos históricos, y el precio del oro impulsa la minería ilegal en la Amazonía. Dos economías paralelas cuyo margen de ganancia supera, de lejos, cualquier plan gubernamental de inclusión.

Prensa bajo fuego cruzado

Desde Fundamedios, vemos otro ángulo del conflicto que rara vez asoma en los partes militares: la libertad de prensa. Solo entre 2024 y 2025 registramos 70 agresiones a periodistas. Muchas de ellas provienen de bandas que exigen “cuota de silencio” para no volar una redacción a bombazos. Cuando el periodismo se arrincona, la narrativa oficial se convierte en dogma, y los ciudadanos terminan desinformados, desorientados y vulnerables. El caldo de cultivo ideal para el autoritarismo de mano firme.

¿Hay salida al laberinto?

Noboa tiene, al menos, tres rutas que no son excluyentes, pero que requieren algo más que eslóganes de TikTok y camuflajes para la foto.

Primero, reconstituir las instituciones, comenzando por un plan anticorrupción serio en la Policía y el sistema judicial. La experiencia de Colombia con las “ventanillas únicas” para denuncias ofrece pistas valiosas.

Segundo, blindar la frontera norte no solo con radares y drones, sino con inteligencia humana, cooperación judicial y bases de datos compartidas. Cuesta poco, rinde mucho.

Tercero, conquistar los barrios con servicios básicos y empleo digno. No con tanques ni operativos de madrugada. Parece una obviedad, pero en el Ecuador del 2025 sigue siendo una idea revolucionaria.

Y para entender por qué, hay que retroceder a un episodio del que casi nadie habla cuando se diagnostica la violencia que nos asfixia: el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Mientras se improvisaban cadenas nacionales para anunciar restricciones, las escuelas se cerraron sin titubeos —y se mantuvieron así más tiempo que las discotecas, los centros comerciales y hasta los estadios. Sí, en este país el derecho a la educación entró en cuarentena indefinida, mientras el entretenimiento volvía con bombos y platillos.

Toda una generación quedó a la intemperie institucional. A merced del TikTok y de las bandas criminales que, a diferencia del Estado, sí ofrecían propósito, comunidad y hasta un perverso ascenso social. Pero la devastación educativa —ese naufragio silencioso— es hoy un tabú político: ningún gobierno quiere meter las manos en esa herida, y el actual menos aún.

Ahora bien, mucho se ha dicho del bono salvadoreño para madres jefas de hogar: 50 dólares mensuales que han demostrado valer más que un fusil en la prevención del reclutamiento juvenil. Pero ojo: Ecuador fue pionero en ese tipo de transferencias condicionadas desde inicios de siglo. Entonces, conviene preguntarse sin hipocresías: ¿estamos seguros de que estos bonos siguen siendo herramientas eficaces para reducir la pobreza estructural? ¿O se han convertido en simples paliativos, en curitas estatales para una hemorragia que nunca se cierra?

Epílogo provisional

La luna llena del 9 de enero de 2024 quedará en los libros como la noche en que Ecuador se declaró en guerra consigo mismo. Año y medio después, el frente de batalla es más amplio, las balas más abundantes y la paz más cara. Noboa promete crecimiento económico, megacárceles y acuerdos con Erik Prince, el polémico gurú de Blackwater. Pero la pregunta que flota en el informe de ACLED —y que yo también dejo flotando en el aire— es esta: ¿y si la fragmentación criminal no solo sobrevive a la militarización, sino que se alimenta de ella?

Porque sin una estrategia que combine seguridad, derechos humanos y oportunidades reales, el ‘Bukelismo andino’ corre el riesgo de convertirse en un espejismo: un oasis que, al acercarse, se disuelve en arena, sangre y humo de fusil.